La batería de un vehículo eléctrico es uno de los componentes más caros, sobre todo en el caso de los coches. La vida útil limitada de esta pieza y su desgaste por el uso encarece el precio final de venta de cualquier automóvil con este tipo de motor.
Luchando contra esta realidad, la empresa española GDV Mobility se dedica a la recuperación y reciclaje de baterías que, posteriormente, se pueden instalar en cualquier tipo de vehículo eléctrico, incluso coches.
Una de las ventajas de este procedimiento es, sin duda, la capacidad de ahorro en el precio final del vehículo o en la sustitución de la batería. Tampoco hay que olvidar la posibilidad de reciclar y reusar, reduciendo emisiones y limitando el impacto medioambiental.
El proceso de reciclaje empieza en las celdas
El trabajo de reparación y revisión se aplica en todas las celdas de la batería, tras haber estudiado en un laboratorio los diferentes tipos de estructuras y modelos. En este laboratorio también se analiza la degradación de cada celda.
A continuación, se vuelve a ensamblar la batería “respetando los datos y valores de origen, para no alterar ni homologaciones ni certificaciones”. Algunos de los estándares de calidad que ha conseguido GDV Mobility son la ISO 9001 y la ISO 14001. Tras el proceso de reensamblaje, la capacidad de la batería reciclada es del 90% de su vida útil.
¿Cuánto cuesta una batería reciclada?
El precio, más económico que el de una pila nueva, es el punto fuerte de las baterías recicladas. Por ejemplo, en el caso de las motos, el reciclaje de la batería reduce su coste hasta los 200 o 300 euros, mientras que el precio de una nueva es de hasta 1.000 euros.
Además, desde GDV Mobility aportan otro tipo de valor a toda la cadena del vehículo eléctrico. Primero, porque su proceso de análisis del deterioro de las celdas proporciona información valiosa para los fabricantes de coches eléctricos.
Segundo, porque gracias a su programa MyBattery, donde queda registrada toda la información sobre la batería reciclada, se cumple la nueva normativa europea. La Unión Europea exige que, a partir de 2027, las baterías cuenten con una suerte de pasaporte donde se recojan datos como el proceso de fabricación o reciclaje, así como las especificaciones técnicas.