Por segundo día consecutivo, la jornada de este miércoles el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, debió convocar a un pleno extraordinario de los ministros. Esto, dada la polémica y recriminaciones que han recibido por los 22 Lexus que comprarían para renovar la flota de vehículos en que se trasladan ellos y el fiscal judicial.
En esta ocasión, sin embargo, el titular del máximo tribunal incluyó en la convocatorio al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán.
Esto, dado que es dicha entidad la que se encarga de todos el proceso administrativo para concretar el recambio, y por lo mismo, se le solicitó que expusiera ante los magistrados todos los detalles de cómo se llevó el proceso y qué tipo de conversaciones se tuvieron con el Ministerio de Hacienda.
Lo anterior, porque una vez que La Tercera reveló que la Suprema adquiriría los mencionados vehículos de alta gama por un monto que superaba los $ 1.200 millones, tanto la cartera liderada por Mario Marcel como la Dirección de Presupuestos (Dipres) negaron haber visado o adjudicado fondos a este respecto.
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Según confirmaron quienes fueron parte de la reunión, el profesional reiteró que los dineros saldrían del saldo inicial de caja de 2023, tal como se había conversado -como indicó- en reiteradas ocasiones con las autoridades de Hacienda, pues se contaba con su “conformidad”.
Pese a ello, como relatan personeros que fueron parte del pleno, el director habría tenido que reconocer que aquello era un “compromiso adquirido” y no una determinación formalizada, ya que en la práctica, no se han emitido decretos ni resoluciones al respecto.
De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, la información gatilló una fuerte molestia en varios supremos, pues entendieron como una “deslealtad” de las autoridades de gobierno el negar que existía, al menos, un acuerdo con los representantes de la CAPJ para que los vehículos se compraran.
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La Moneda no cede
Pero aunque para los ministros del máximo tribunal existía luz verde de parte de Hacienda para materializar la compra de los Lexus, desde el gobierno no han cedido ni un centímetro en la postura de que ellos no han visado nada.
Y en el mismo sentido, el ministro de Justicia (s), Jaime Gajardo, agregó que “lo importante acá es que desde la formulación presupuestaria no se ha dado autorización para que se gaste en ese ítem en particular. Y es el Poder Judicial el que tiene que responder respecto a la ejecución misma del presupuesto, ellos son autónomos e independientes en la ejecución del presupuesto, porque son otro poder del Estado”.
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“Lo que nosotros consideramos relevante es que en esta materia hay instrucciones de austeridad de parte del gobierno en cuanto al monto máximo o tope que tienen los autos que se van a renovar y también el plazo que se requiere para la renovación”, complementó.
Durante la jornada, además, el propio Presidente Gabriel Boric se sumó a la polémica, aunque sin nombrar directamente al Poder Judicial. En medio de la presentación de nuevos vehículos para Gendarmería, el Mandatario apuntó: “Todos quienes estamos involucrados en la tarea del resguardo de la seguridad pública puedan contar con los recursos necesarios para llevar adelante su misión de la mejor manera, de manera austera, pero segura”.
Otras fuentes de gobierno, además, comentaron que una prueba de que no han aprobado recursos para nuevos autos de los supremos es que no se ha incorporado en el subtítulo 29° del Presupuesto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ningún apartado referente a la renovación de autos.
La Tercera
