Tráfico en la ciudad
No es probable que Europa admita la prórroga solicitada, no es su problema que coincidan las elecciones tan cerca de la fecha en la que hace ya años se acordó cerrar el centro de las ciudades a los vehículos considerados más contaminantes.
El pasado 19 de mayo de 2020, se aprobó en el consejo de Ministros la ley de Cambio Climático que establece los plazos y acciones para llegar en 2050 a la situación de neutralidad climática. Aunque el fin de los coches con motores diésel, gasolina, de gas o híbridos no llegará hasta esa fecha, antes ya notaremos varias restricciones, como el tráfico en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Cuando entre en vigor la Ley de Cambio Climático, sólo las ciudades de menos de 50.000 habitantes están libres de tener que regular una zona de bajas emisiones en la cual no puedan circular los vehículos con motores de combustión convencionales.
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Aunque la medida puede sonar extrema y ya hay muchos conductores que están en alerta, lo cierto es que esta medida no es tan drástica ni traumática como pudiera parecer. En realidad, la mayoría de los municipios de más de 50.000 habitantes ya están aplicando estas restricciones de acceso a determinadas zonas.
Lo que estipula la ley que entrará en vigor en 2023 es que haya una zona determinada de la superficie urbana de los municipios en la cual no puedan acceder los vehículos con motor de combustión. El quid de la cuestión está en que esa zona de bajas emisiones tiene que tener una superficie proporcional a la del municipio. Teniendo esto en cuenta, la mayoría de las 148 ciudades de más de 50.000 habitantes que hay en España ya tienen zonas de bajas emisiones, por ejemplo en aquellas con un casco antiguo peatonalizado. Es decir, que no habrá muchos cambios respecto a la situación actual.
El Gobierno declara el estado de Emergencia Climática
La obligación de establecer una Zona de Bajas Emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes es solo una de las medidas que ha planteado el ejecutivo, tras declarar la Emergencia Climática en España. Según explicó la ministra Ribera, esta decisión se engloba en un paquete de 30 medidas, 5 de las cuales se pondrán en marcha durante los primeros 100 días de Gobierno, destancado especialmente el compromiso de remitir a las Cortes el Anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética con el que se pretende alcanzar a neutralidad climática en 2050.
Las otras cuatro líneas de actuación que se pondrán en marcha de forma inmediata serán las siguientes: definir al senda de descarbonización a largo plazo, elaborar el II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, crear una Asamblea Ciudadana del cambio climático para fomentar la participación de la ciudadania e impulsar la trasnformación del modelo industrial.
Para Ribera, la puesta en marcha de esta medidas «es una oportunidad para la innovación, la generación de empleo, la mejora de la competitividad y la reducción de las brechas territoriales y de colectivos de personas. Debemos contar con una economía preparada, viable, resiliente, viable y con los referentes de la innovación para garantizar empleos de calidad, mejorar la calidad de vida en el medio rural, urbano y en el litoral».
Además, la ministra ha confirmado que se revisará el sistema fiscal con el objetivo de eliminar las subvenciones e incentivos existentes a los combustibles fósiles. «En línea con nuestro compromiso con el G20, no habrá nuevos subsidios a combustibles fósiles y revisará los que ya existen», ha indicado.
