Del 2×1 al cajoneo de las causas de lesa humanidad: la Corte de la suprema demora
Desde que firmó el fallo del 2×1, la Corte Suprema acentuó su distancia con el reclamo de verdad y justicia sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Los supremos desactivaron la comisión que se encarga de resolver los escollos con los que se topan quienes llevan adelante los juicios por delitos perpetrados hace más de 45 años. Las demoras a la hora de revisar las causas que se registran tanto en el alto tribunal como en la Cámara Federal de Casación Penal fueron objeto de un reciente pronunciamiento de un comité de Naciones Unidas, que exhortó al país a acelerar la tramitación de estos procesos. Según pudo reconstruir Página/12, se apilan cerca de 400 incidentes vinculados a crímenes de lesa humanidad en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Algunas causas esperan en la Corte por una resolución hace aproximadamente siete años. Mientras tanto, los imputados mueren y muchas víctimas, también, sin haber encontrado ni una mínima porción de justicia.
El 3 de mayo de 2017, cuando Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton firmaron el fallo que beneficiaba al represor Luis Muiña con la aplicación del cómputo del 2×1, empezó a escribirse otra historia en la Corte, que había sabido ser un actor clave para que los genocidas volvieran a los banquillos después de casi dos décadas de impunidad.
Para entonces, empezaba a prepararse una reunión de la Comisión Interpoderes –creada en 2008 para resolver los problemas que se presentan en las causas de lesa–. Estaba convocada una reunión de la mesa ejecutiva de la Interpoderes para el 18 de mayo. En ese encuentro, algunos funcionarios de la Corte deberían trabajar con representantes del Ministerio Público o de la Secretaría de Derechos Humanos en la confección de un temario para el encuentro formal. Esa reunión no se hizo ni mucho menos volvió a reunirse la comisión.
Cronoterapia
Carlos Fayt solía decir que las causas no se cajonean en la Corte sino que se les aplica cronoterapia. Los expedientes de lesa son el mejor ejemplo de cómo los tiempos se estiran hasta el infinito. El ejemplo más paradigmático de esa dilación fueron los seis años que el expediente de Carlos Pedro Tadeo Blaquier –acusado por secuestros y desapariciones en la zona de influencia del ingenio Ledesma– permaneció en el cuarto piso. Cuando la Corte se decidió a decir lo obvio –que la Casación había obstaculizado indebidamente el avance de la causa–, la defensa de Blaquier invocó que no estaba en condiciones de ir a juicio. A los pocos meses murió –impune–.
En la Corte esperan resolución, entre otros, los siguientes casos:
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Masacre de Capilla del Rosario: En 2016, la Casación absolvió a tres militares por el fusilamiento de catorce combatientes del PRT-ERP. Como el hecho fue en 1974, la Casación dijo que no se trataba de delitos de lesa humanidad.
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Triple A: el tribunal debe revisar la sentencia que dictó la jueza María Servini a integrantes de la organización paramilitar que actuó antes del golpe de Estado.
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Desaparición de Carlos Labolita, el amigo de Néstor y de Cristina Kirchner. Su caso fue el primero que se llevó a juicio en la jurisdicción de Mar del Plata en 2009. Desde entonces, se espera que la sentencia quede firme.
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Plan Cóndor. Aún hay recursos en la Corte para confirmar la histórica sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 en la que reconoció que existió una asociación criminal de alcance regional.
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Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA): el tribunal debe revisar la sentencia por los secuestros de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo. Patricia es la hija de Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo.
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Juicio de los jueces: En 2017, fueron condenados a prisión perpetua los exjueces federales Luis Miret y Rolando Carrizo, el exfiscal Otilio Romano y el exdefensor oficial Guillermo Petra Recabarren. Romano, que llegó a camarista y también se convirtió en prófugo, murió semanas atrás.
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Circuito Camps: Es una causa emblema de la jurisdicción de La Plata. El juicio terminó en 2012 –hace once años–, pero registró mucha demora en Casación. Entre los condenados está uno de los civiles más influyentes de la dictadura, el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart.
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La Cacha: El juicio por los crímenes cometidos en este centro clandestino que funcionó en un edificio contiguo al penal de Olmos terminó en 2014, pero, al igual que Circuito Camps, este expediente estuvo mucho tiempo demorado en Casación.
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Los hermanos Méndez: Julio y Emilio Méndez fueron condenados en Mar del Plata por haber prestado su quinta como centro clandestino. Ahí estuvo alojado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno antes de ser asesinado. La Corte confirmó la sentencia de los militares, pero mandó a revisar la condena de los civiles. Ahora tiene que revisar la absolución que le dictó Casación siguiendo los lineamientos que la propia Corte había dado.
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Ford: La Corte debe confirmar la condena de dos ejecutivos de la automotriz por 24 secuestros de trabajadores en el caso de responsabilidad empresarial más consolidado del proceso de justicia.
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Mercedes Benz: Mientras Casación define si valida el procesamiento del exgerente Juan Ronaldo Tasselkraut por dos secuestros; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Secretaría de Derechos Humanos pidieron que la Corte anule el sobreseimiento con el que fue beneficiado en el resto de los casos.
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Plan sistemático de apropiación de niños y niñas: Aún no está firme la condena del marino Rubén Oscar Franco, exintegrante de la última Junta Militar, por el robo de bebés. Inicialmente había sido absuelto en el juicio que terminó en 2012, pero después lo condenaron en Casación.
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El secuestro de Floreal “Negrito” Avellaneda aun sigue dando vueltas en la Corte, pese a que fue el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevó a cabo en la jurisdicción de San Martín.
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La excarcelación del represor Eduardo Ramos Campagnolo: el caso adquiere relevancia porque una exdetenida-desaparecida, Patricia Isasa, denunció a Rosatti por haberle dado presuntamente cobertura al expolicía mientras era intendente de Santa Fe.
En octubre pasado, la Corte tuvo en gateras el fallo por la muerte de Argentino del Valle Larrabure, un militar que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Es uno de los caballitos de batalla de la derecha que quiere sentar a los militantes de lo ’70 en el banquillo, pero que hasta ahora solo cosechó rechazos en los tribunales ante la pretensión de la familia de que se lo considere un caso de lesa humanidad –equiparable al genocidio cometido por la dictadura–. El sistema informático de la Corte mostró cómo el caso iba avanzando casilleros, pero tuvo que retroceder y está a la espera de que los supremos estampen sus firmas.
Juicio político
El martes pasado, la Comisión de Juicio Político clausuró el capítulo del 2×1, aunque es probable que puedan citarse testigos adicionales si se considera que aún falta información en este tema que es algo así como la marca de origen de esta Corte Suprema.
“Se está en camino de demostrar con muchísimas certezas que este fallo estaba preconcebido antes de que Rosenkrantz y Rosatti llegaran a la Corte”, le dijo a Página/12 el diputado Leopoldo Moreau. “Hay evidencia más que suficiente que indica que Rosenkrantz llegó con la intención –o con la instrucción– de dictar fallos que fueran abriendo el camino de la impunidad. Lo debe haber charlado con su padrino, (Fabián) “Pepín” Rodríguez Simón o era parte de los compromisos con el gobierno de Mauricio Macri”, agregó el integrante del Frente de Todos.
“Nosotros no cuestionamos el fallo en sí sino cómo se gestó”, explica, por su parte, la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político. “Nuestra hipótesis es que ‘Pepín’, que era amigo de Rosenkrantz como reconoció el secretario letrado Federico Morgenstern, fue el articulador de este fallo”, dice.
Para eso, hubo que conseguir dos voluntades más que se sumaran a la de Rosenkrantz: la de Rosatti y la de Highton. La teoría de la Comisión es que a la jueza –que venía de ser parte de la mayoría que había reabierto los juicios y sostenido el proceso de justicia– la convencieron cuando el gobierno de Cambiemos consintió que se quedara en el tribunal más allá de los 75 años –el límite que establece la Constitución–.
