Automotores Orletti: confirman la perpetua de dos represores de la Policía Federal
El 26 de septiembre de 1976, cuando la patota de la dictadura irrumpió en su casa, Julién Cáceres tenía 33 años e integraba la estructura militar del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que habían conformado militantes uruguayos que estaban en el exilio en la Argentina. Su compañera, Victoria Lucía, tenía 31 años. Los dos vivían con sus hijos: Anatole, de cuatro años, y Victoria Eva, de un año.
Antes del grupo de tareas irrumpiera en la casa, Julién Cáceres había llevado a los chiquitos al baño, los había encerrado en la bañera y les había ordenado que no salieran por nada. Anatole escuchó desde allí los disparos, las corridas y el llanto de su mamá. No se aguantó más y salió: vio cómo los represores la arrastraban por el suelo.
Grisonas está desaparecida. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró determinar que Julién Cáceres habría sido enterrado un día después del operativo en el cementerio de San Martín, pero nunca se pudo recuperar el cuerpo. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado argentino por las desapariciones de Julién Cáceres y Grisonas. El tribunal internacional también apuntó hacia las demoras en las investigaciones judiciales y particularmente a la “cronoterapia” que aplican los tribunales superiores, en especial la Corte Suprema, a la hora de revisar estas causas.
Cuatro años antes de la sentencia de la Corte-IDH, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 había condenado a Nerone y Gutiérrez por el secuestro de Grisonas, pero los había absuelto por el homicidio de Julién Cáceres. En 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución y ordenó al TOF 1 dictar una nueva sentencia que contemplara lo que había pasado con el padre de la familia. La defensa de los represores llevó el tema a la Corte, que tardó dos años y medio en rechazar los recursos.
En su voto, Carbajo habló de un operativo desmedido en el que intervinieron el Ejército, la PFA y la SIDE. De hecho, Nerone y Gutiérrez integraban el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE) de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) de la PFA y estaban en comisión en el Grupo de Tareas 5, que funcionaba bajo la órbita de la SIDE y estaba dedicado a la persecución de militantes extranjeros.
“Dada la especial calidad de delitos de lesa humanidad que nos ocupa, debe tenerse presente la obligación del país adoptada como política de Estado por sus tres poderes”, remarcó Carbajo, que habló del “invalorable aporte” que hizo al proceso de justicia la Comisión Interpoderes de la Corte –que está inactiva desde que Horacio Rosatti asumió la presidencia del máximo tribunal.
“El padecimiento humano por efecto de la violencia y la impunidad sufridos, en razón de los atroces delitos perpetrados por el terrorismo estatal del último régimen de facto, obliga primariamente a atender a los damnificados y procurar la reparación a aquellos auténticos sostenes de la verdad y la justicia”, anadió, por su parte, Slokar.