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El organismo presidido por Cani Fernández circunscribe la investigación a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Repsol Directo, Repsol Customer Centric, Solred, Campsa Estaciones de Servicio y Repsol, como grupo que está presente en toda la cadena de valor del proceso de producción y comercialización de combustibles para la automoción.
En concreto, la CNMC consideró que la petrolera habría aprovechado su posición de dominio en el mercado mayorista de hidrocarburos en España para llevar a cabo, desde marzo hasta diciembre de 2022, conductas como ofrecer descuentos adicionales en combustibles a los usuarios de sus estaciones de servicio a través de aplicaciones o de tarjetas de fidelización y pago, así como incrementar el precio que terceros competidores -estaciones de servicio independientes- pagan a la compañía por adquirir el combustible en el mercado mayorista.
Además, el organismo añadió que estas conductas habrían tenido la capacidad de erosionar los márgenes comerciales de dichos competidores y limitar la competencia en la distribución minorista.
En su comunicado, la CNMC advirtió que estas conductas podrían constituir una posible vulneración del artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Repsol rechaza rotundamente el expediente y niega posición de dominio
Por su parte, fuentes de Repsol consultadas por Europa Press rechazaron “rotundamente” este expediente abierto por la CNMC y aseguraron que la compañía “no tiene una posición de dominio en el mercado de carburantes español y cumple de forma estricta con la regulación en materia de competencia”.
Asimismo, recordaron que Repsol ha hecho “un enorme esfuerzo para ayudar a sus clientes a través de descuentos y hacer frente así a las subidas de precios derivadas de la guerra en Ucrania”, con más de 500 millones de euros destinados a descuentos en sus estaciones de servicio en España.
Por ello, consideraron que el organismo de Competencia ha abierto un expediente sancionador “por una medida dirigida a favorecer a los consumidores”.
Denuncias previas
Esta investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y la Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos por prácticas contrarias a los artículos 2 de la LDC y 102 TFUE.
Ante la sospecha de existencia de posibles prácticas anticompetitivas, la CNMC abrió una información reservada (artículo 49.2 de la LDC) y llevó a cabo una inspección domiciliaria en la sede de Repsol.
Y es que en diciembre del año pasado, la CNMC ya procedió al registro de las sedes de la propia Repsol, así como de las dos otras grandes petroleras del país -Cepsa y BP-. Sin embargo, el expediente anunciado ahora ya no es colectivo y solamente afecta y se centra en Repsol, empresa que se ha mostrado especialmente beligerante contra una posible continuidad del impuesto especial a las energéticas del Gobierno.