Los planes de la Administración de implementar el sistema de pago por uso en las autovías se ha visto ralentizado por la actual situación económica, muy degradada por la inflación y la crisis energética. Así, quedan descartados para 2023.
Hace poco más de un año, el Gobierno de España trabajaba intensamente en una «propuesta de tarificación de la red de vías de alta capacidad». La intención del Ejecutivo era consensuarlo con el resto de partidos y administraciones para poder implementarlo a continuación.
Sin embargo, la realidad está siendo bien distinta, y la propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año no hay ninguna previsión respecto a los peajes.
Ello a pesar del compromiso adoptado con la Unión Europea con respecto a su puesta en marcha en 2024.
No es el momento social y económico
A consecuencia de todo ello, el tan polémico sistema de pago por uso en las autovías públicas españolas no llegará al menos hasta 2024. Lo que sí va a llegar el año que viene es un plan de inversión en infraestructuras de carreteras.
En concreto, Seitt (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) percibirá 102 millones y la partida destinada a la conservación de las vías aglutinará otros 1150 millones de euros. En total, la inversión en carreteras será de 2292 millones, un 0,5% menos que hace un año.
En total, el presupuesto del próximo año para el Ministerio de de Raquel Sánchez ascenderá a 21.000 millones de euros, con una inversión directa de 16.550 que quedarán distribuidos principalmente en 12.635 millones en Infraestructuras y en 3.472 millones para Vivienda.
Según la ministra, estos presupuestos se convierten en los más ambiciosos de los últimos 13 años, llegando a comparar los mismos con los del Partido Popular. «Se trata de unos presupuestos progresistas para cambiar España, los más sostenibles, sociales y ambiciosos de los últimos 13 años. Esperamos generar 310.000 empleos con estas inversiones, que en un 60% tienen etiqueta verde», ha defendido.
